Los Ayuntamientos no tendrán que hacer frente al coste adicional que supone la gestión de los residuos de envases, sino que lo harán los responsables de su puesta en el mercado, que deberán financiar la totalidad de ese coste. Así lo recoge el borrador del proyecto de ley de modificación de la ley de Envases y Residuos de Envases, que el Ministerio de Medio Ambiente dará a conocer hoy a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del ramo. Aunque lo que se pretende con ello es «reforzar la prioridad de la prevención» en la generación de residuos, según explicó ayer el secretario general para la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, con toda lógica esta obligación acabará repercutiendo en el bolsillo del consumidor.

Lo que sí redundará en una menor cantidad de residuos es la inclusión de un nuevo concepto, el de envase superfluo, que permitirá penalizar a los productores que utilicen envases cuyo peso o volumen supere, en una proporción excesiva, al del envase mínimo o de referencia adecuado para ofrecer los niveles de seguridad, higiene y aceptación necesarios para el producto envasado. Con ello se intenta frenar la tendencia actual de utilizar capas y capas de envoltorio como soporte meramente publicitario.

Asimismo, junto a la reducción del uso de las bolsas no biodegradables de un solo uso, recogida en el Plan Nacional Integrado de Residuos Urbanos, el texto obliga a los comercios de más de 300 metros cuadrados a informar a sus clientes de las repercusiones ecológicas de los residuos de envases.

Sistema de retorno

El nuevo texto, aunque no podrá ser aprobado hasta la próxima legislatura, según reconoció Aizpiri, contempla otras novedades. Así, se apuesta por el fomento de un sistema de depósito, devolución y retorno, que será obligatorio en los envases cuyo uso genere residuos peligrosos y en los tipos de residuos que durante dos años consecutivos no alcancen los objetivos de reciclaje o valorización energética. En ambos casos los envasadores y los comerciantes de productos envasados estarán obligados a cobrar a sus clientes, hasta llegar al consumidor final, una cantidad en concepto de depósito de «una cuantía suficiente», que permita garantizar el retorno. Al contrario de otros países europeos, en España se había abandonado este sistema, a excepción de la hostelería. Cuando se apruebe esta reforma, los envasadores deberán aceptar la devolución y retorno, al menos, de los envases puestos por ellos en el mercado.