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El Pirineo es una de las reservas naturales de más valor de España. Sin embargo, arrastra importantes carencias para preservar una parte fundamental de ese patrimonio ecológico: sus ríos. Y es que, en un momento en el que los municipios de cierta envergadura tienen en funcionamiento en España sus depuradoras de aguas residuales, en el Pirineo aragonés brillan por su ausencia. La Unión Europea dictó en los años 90 las órdenes por las que se obligaba a los Estados miembros a depurar sus aguas residuales y eso hizo aparecer planes en las distintas comunidades autónomas. Aragón no fue una excepción. Pero el Pirineo quedó al margen de ese programa de construcción de depuradoras, porque, por sus especiales condiciones -núcleos de población dispersos, de pequeño tamaño y en un entorno de elevado valor medioambiental-, fue la Administración del Estado la que se comprometió a construir las depuradoras en esa parte del territorio. Esperando desde 1993 No fue sólo un compromiso, fue una obligación que se autoimpuso en 1993 la Administración del Estado cuando declaró de interés general las depuradoras del Pirineo aragonés. Eso significaba que el Ministerio de Medio Ambiente pasaba a asumir la construcción de dichas instalaciones. Catorce años después, con Gobiernos de distinto signo, la depuración de las aguas residuales sigue siendo una asignatura pendiente en el Pirineo central. De las veinte depuradoras que se decidieron construir, sólo hay dos en funcionamiento en estos momentos, las de Jaca y Sabiñánigo. El resto, dieciocho, ni siquiera están en obras. Están en fase de tramitación de anteproyectos o proyectos, así que aún habrá que esperar bastante tiempo para verlas en funcionamiento. El Gobierno aragonés ha pedido que se ponga fin a esta situación medioambientalmente sangrante y que, en el plano administrativo, denota una relajación excesiva a la hora de cumplir con lo que se fijó catorce años atrás. De paso, el Gobierno autónomo ha aprovechado para arañar del Ministerio de Medio Ambiente otro compromiso que entra de lleno también en el plano político: que de más protagonismo a la Comunidad autónoma a la hora de gestionar obras hidráulicas. Las depuradoras del Pirineo aparecen como la punta de lanza en lo que sería la asunción de más poder político en este campo, que, según el Ejecutivo regional, no hace más que ir en la línea de lo que reza el estatuto de autonomía que entró en vigor el pasado mes de abril, tras su proceso de reforma. Tres años más El consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, se reunió en los últimos días con la ministra Cristina Narbona. Tras el encuentro, se mostró optimista. Considera que la mayor participación, que al parecer va a tener la Comunidad autónoma para gestionar obras hidráulicas, va a permitir acelerar la construcción de las depuradoras de aguas residuales del Pirineo central. Eso sí, si todo va bien, hasta dentro de tres años no estarán en funcionamiento las dieciocho que faltan por realizar. Entre tanto, los núcleos de población del Pirineo aragonés, sus casas, sus apartamentos y sus hoteles, vierten sus aguas residuales a los ríos. Cauces como el del Ara, Cinca, Aragón o Ésera sufren las consecuencias de un retraso palmario en la tramitación de estos expedientes que debían haber echado a andar en 1993. Hay que tener en cuenta que el Pirineo aragonés, precisamente por sus atractivos paisajísticos y por recursos turísticos de primer orden como sus estaciones de esquí, cuentan con una importante presión demográfica: a la población residente se le añade la población flotante, la turística. Y entre los municipios que siguen pendientes de una depuradora de aguas residuales se encuentran no pocos con censos de más de 5.000 personas. Para construir las dieciocho depuradoras que faltan es necesaria la inversión de algo más de 40 millones de euros. Esto ocurre en el Pirineo aragonés, pero no en el resto de la Cordillera en su lado español. Cataluña está mucho más avanzada al respecto, al contar con 41 depuradoras de aguas residuales.
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