Las empresas que desarrollen actividades potencialmente peligrosas para el medio ambiente deberán pagar, limpiar y reparar cualquier daño que produzcan a partir de 2010, según la futura ley de Responsabilidad Ambiental, aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Una medida que pretende poner coto a los desmanes que la industria provoca en los recursos naturales, y que sólo en los últimos años ha costado al Estado 183 millones de euros.

El principio que inspira este proyecto de ley se centra en 'quien contamina paga'. Para ello obliga a determinadas empresas a firmar una póliza de seguro y prevé multas en caso de incumplimiento que van de los 10.000 a los dos millones de euros, y suspensión de la licencia de explotación entre uno y dos años. Un millón de explotaciones agrarias, 30.000 operadores de mercancías peligrosas y 5.000 instalaciones se verán afectados por esta regulación.

«Las industrias que dañen el medio ambiente ya no podrán lavarse las manos», resumió la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Para este fin, el Gobierno cuenta con la implicación de las comunidades autónomas, competentes en esta materia, e invita a las oenegés a vigilar a aquellas empresas susceptibles de malograr hábitats naturales y especies silvestres en peligro.

En el caso de las actividades económicas de mayor riesgo potencial de contaminación, caso de gestión de residuos, transporte de sustancias peligrosas, pesticidas, fitosanitarios, organismos genéticamente modificados, incineradoras o vertederos, entre otras, deberán constituir obligatoriamente fondos de garantía financiera según la intensidad y la extensión del perjuicio que puedan ocasionar. Dichas pólizas van de los 300.000 a los dos millones de euros.

El proyecto del Ministerio de Medio Ambiente exime de esta fianza a los responsables de aquellas empresas o actividades susceptibles de causar daños cuya reparación sea inferior a los 300.000 euros. Para saber este coste, el Ministerio trabaja en un decreto que defina esta metodología y que tiene previsto aprobar en 2010, según adelantó la ministra Cristina Narbona.

Multas millonarias

La Ley de Responsabilidad Ambiental crea un fondo estatal de reparación de daños ambientales en bienes de dominio público estatal, con cargo a los presupuestos generales del Estado; además de prever multas millonarias para las infracciones muy graves, caso de ocultar la existencia de un daño ambiental, no haber constituido el fondo económico de garantía si es obligado, o no adoptar las medidas preventivas y/o reparadoras.

Las sanciones más duras van desde los 50.000 a los dos millones de euros, e incluso la pérdida de licencia de actividad por uno o dos años, y en el caso de las infracciones graves las multas oscilarán entre 10.000 y 50.000 euros y la eventual suspensión por un máximo de un año.

Ecologistas en acción

Para Ecologistas en Acción, «la existencia de esta ley supone un paso importante y positivo en la protección del entorno, aunque llega con 28 años de retraso desde que se aprobó la Constitución». La ONG señala en el capítulo de debe que la futura ley presenta «generosos coladeros que van a permitir continuar la destrucción de varios campos», en referencia a las transnacionales españolas que «están siendo responsables de importantes impactos en territorios fuera de nuestra frontera», la mayoría en América del Sur, lo que crea desasosiego entre la población local.

Asimismo, Ecologistas en Acción enumera aquellos aspectos que quedan fuera del texto, como los daños a la atmósfera, a las aguas marinas, liberación de organismos modificados genéticamente (la nueva ley sólo habla de casos intencionados), y las actividades militares, como por ejemplo los daños medio ambientales que han supuesto los sucesivos fuegos que han destruido miles de hectáreas en una serranía leonesa a causa de las maniobras del ejército.