Las actuaciones a realizar serán recogidas y coordinadas en un Programa de Desarrollo Rural Sostenible que tendrá carácter plurianual. Pretenden favorecer un desarrollo sostenible del medio rural que garantice la igualdad de todos los ciudadanos, fortaleciendo la cohesión territorial, económica y social de las zonas rurales.
El texto será remitido, para el trámite de consultas, a los agentes y sectores interesados, a las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincia, y el Consejo Económico y Social.
Con esta iniciativa se plantea la necesidad de incrementar y coordinar mejor la atención que las diversas administraciones públicas dispensan a las zonas rurales, para favorecer su desarrollo sostenible.
El texto destaca la decisiva importancia que tiene el medio rural en el conjunto del Estado, al representar al 90 por 100 de su territorio y a un tercio de sus ciudadanos, además de abarcar la práctica totalidad de los recursos naturales del país y una muy significativa parte del patrimonio cultural español.
Las razones esgrimidas para impulsar esta iniciativa han sido diversas entre las que destacan la importancia territorial del medio rural. Aún siendo cierto que, como ha reconocido la OCDE en su V Conferencia de Desarrollo Rural celebrada la semana pasada en Cáceres, medio rural y atraso no son sinónimos, es preciso reconocer que, en términos estadísticos, ha existido un relativo retraso socioeconómico con el medio urbano, al no haber podido aprovechar plenamente el gran salto en servicios, bienestar y renta que ha experimentado el conjunto de España e, incluso, un cierto vacío legislativo que hasta la fecha existía a nivel nacional en esta materia.
No obstante, el Consejo de Ministros ha enfatizado que esta situación es evitable. Para ello es necesario disponer de una política de desarrollo rural propia que, adaptada a nuestras especificidades geográficas, climáticas y culturales, se complemente con las políticas comunitarias que en esta materia se vienen implantando en nuestro país y que tienen como referente a la Estrategia de Lisboa de 2000 y a la Declaración de Gotemburgo de 2001, dirigidas respectivamente al crecimiento económico, a la creación de empleo y al aumento de la competitividad, y a la consecución de un desarrollo sostenible.
Beneficiarios
El texto establece que, con carácter general, los beneficiarios directos de esta iniciativa son los residentes en las zonas rurales. Esto afectaría a unos catorce millones de habitantes y a la mayoría de los municipios del país, el 80 por 100. Para incrementar la eficacia de la futura Ley, no obstante, se concretarán zonas o beneficiarios prioritarios.
Éstos serán, por ejemplo, municipios que, por su pequeño tamaño, la baja densidad de población, su aislamiento geográfico o por su situación en zonas ambientalmente sensibles, presenten problemas específicos para su desarrollo (Red Natura 2000). Dentro de la población rural, por otra parte, se concederá atención preferente a las mujeres y a los jóvenes, ya que se reconoce que de ellos depende el futuro.
A este respecto, la futura Ley reforzará la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el medio rural, ya que se contará con medidas de acción positiva a favor de las mujeres que contemplen las especificidades a las que las mujeres rurales se enfrentan. Por ejemplo, se prevé la adaptación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia de acuerdo con las singularidades del medio rural.
Actuaciones
Todo ello se concretará en un amplio abanico de actuaciones seleccionadas, que serán recogidas y coordinadas en un Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Este Programa, de carácter plurianual, será el instrumento fundamental de aplicación de la Ley y deberá ser consensuado con las administraciones y agentes implicados.
La diversidad de actuaciones recogidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible irá desde el fomento de las actividades agropecuarias y forestales compatibles con el desarrollo sostenible del territorio, hasta actuaciones para facilitar el acceso de la población rural a servicios médicos de calidad, con el fomento, entre otros, de la telemedicina, pasando por la mejora de las infraestructuras y de los equipamientos y servicios públicos básicos, la diversificación económica o la planificación ambiental, ésta última a través de un plan estratégico nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Asimismo, se prestará especial atención a la agricultura territorial, ecológica o en las zonas prioritarias o de montaña. Por otra parte, se contemplan también acciones específicas encaminadas a la producción de energías renovables y al fomento de una gestión más eficiente de los recursos hídricos.
El Consejo de Ministros ha destacado la necesaria coordinación entre administraciones públicas que requerirá esta Ley, tanto dentro de la Administración General del Estado por involucrar dentro de sus competencias a doce Departamentos ministeriales, como con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Precisamente serán las Comunidades Autónomas quienes delimiten y califiquen sus zonas rurales para la eficaz aplicación de la futura Ley en sus respectivos ámbitos geográficos.
Para la eficaz coordinación de todas las acciones que se desarrollen en favor del desarrollo de las zonas rurales se creará una Comisión Interministerial y un Consejo para el Medio Rural, así como una Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural. INFORME SOBRE EL MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Las medidas incluidas en el Marco, junto con las medidas regionales, supondrán un gasto público total de 15.000 millones de euros, 1.764 millones de euros más que en el periodo 2000-2006. La aportación de la Administración General del Estado para el conjunto de la programación ascenderá a 3.162 millones de euros, un 40,15 por 100 más que su aportación en el 2000-2006.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el Marco Nacional de Desarrollo Rural para el período 2007-2013.
Este documento, continuación del Plan Estratégico de Desarrollo Rural enviado a la Comisión Europea en diciembre de 2006, concreta y cuantifica las prioridades de España en materia de desarrollo rural para el nuevo período de programación comunitaria 2007-2013.
Las medidas incluidas en el Marco Nacional, junto con las medidas regionales, supondrán un gasto público total de 15.800 millones de euros, 1.764 millones de euros más que en el periodo 2000-2006. La aportación de la Administración General del Estado para el conjunto de la programación ascenderá a 3.162 millones de euros, un 40,15 por 100 más que la aportación de la Administración en el periodo 2000-2006. En valores absolutos, el incremento de la aportación de la Administración General del Estado es de 906 millones de euros. Este incremento, unido al esfuerzo realizado por las Comunidades Autónomas, ha permitido superar el gasto público del período 2000-2006.
Destacan en el Marco Nacional las medidas horizontales, de aplicación en todas las Comunidades Autónomas, y los elementos comunes, de aplicación en aquellas Comunidades Autónomas que decidan poner en marcha las medidas a las que hacen referencia estos elementos comunes.
Medidas horizontales
Las medidas horizontales pueden clasificarse en dos grupos: por un lado, las relativas a la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias y de las industrias agroalimentarias, y, por otro, las destinadas a los aspectos ambientales incluidos en el nuevo Reglamento de desarrollo rural. En el primer grupo se incluyen la gestión de los recursos hídricos, las infraestructuras rurales, el aumento del valor añadido de las producciones agrarias y forestales, la incorporación de jóvenes agricultores y la implantación y utilización de los servicios de asesoramiento; en el segundo, la prevención de incendios forestales y la conservación de la red Natura 2000 en los espacios forestales.
En el documento se han seguido los principios horizontales de la planificación. Destaca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicada de forma transversal en todas las líneas del Marco.
La gestión de los recursos hídricos está enfocada, exclusivamente, al ahorro de agua. Se prevé un ahorro anual de unos 1.800 hm3 y se financian actuaciones únicamente en la modernización de regadíos ya existentes. En las Comunidades Autónomas en las que no hay sistemas de riego será obligatoria la aplicación de la medida horizontal de Otras Infraestructuras Rurales, que será opcional para las Comunidades en las que sí hay sistemas de riego. El gasto público previsto para infraestructuras asciende, para el conjunto del período, a 1.382 millones de euros.
La medida de aumento del valor añadido, dirigida a las industrias y cooperativas agroalimentarias, tiene como objetivo principal la modernización del sector agroindustrial español y supondrá una inversión pública de 2.509 millones de euros en las diecisiete Comunidades Autónomas.
Incorporación de jóvenes y ayudas para asesoramiento
Un importante problema del sector agrario es el envejecimiento de la población agraria. Consciente de ello, el Gobierno ha decidido apostar en el Marco Nacional por la incorporación de jóvenes, flexibilizando los criterios para poder acogerse a estas ayudas, pero priorizando a los agricultores que se instalen en explotaciones consideradas prioritarias. La ayuda máxima ascenderá a 55.000 euros por explotación. Se prevé un gasto público en el período de 788 millones de euros.
Finalmente, dentro del primer grupo, las ayudas para implantar y utilizar los servicios de asesoramiento a los agricultores y ganaderos para el cumplimiento de la condicionalidad de la Política Agrícola Común, enmarcadas en un amplio objetivo de mejora del capital humano, supondrán una inversión de 246 millones de euros.
Las dos líneas horizontales de carácter ambiental, de gran importancia en las áreas forestales españolas, fundamentalmente en las zonas declaradas de alto riesgo de incendios y en las superficies forestales incluidas en la Red Natura 2000, supondrán un gasto público de 744 millones de euros.
La puesta en marcha del resto de las medidas no incluidas en el Marco será decisión de las Comunidades Autónomas que, a través de sus programas de desarrollo rural, serán las encargadas de gestionar, tanto las medidas horizontales del Marco Nacional, como aquellas de carácter regional. Elementos comunes
Por otra parte, a través de los elementos comunes se abre la posibilidad a las Comunidades Autónomas de poner en marcha el Contrato Territorial de Explotación para gestionar las medidas de los Programas de Desarrollo Rural. El Contrato se define como una relación contractual entre los agricultores o entidades asociativas que voluntariamente así lo decidan, y la Administración.
En el marco de los elementos comunes se introducen también requisitos a tener en cuenta en algunas medidas de gran importancia ambiental y socioeconómica en el medio rural español; las ayudas para las explotaciones agrarias en Natura 2000, las ayudas para compensar dificultades naturales y las ayudas a la producción ecológica.
Finalmente, se introduce un conjunto de elementos comunes a todos los programas de desarrollo rural para la puesta en marcha del enfoque LEADER que se aplicará en todas las Comunidades Autónomas, como mínimo para gestionar un 10 por 100 de los fondos FEADER de cada uno de los programas. En estos elementos se destaca la importancia del enfoque LEADER y el papel de los Grupos de Acción Local, con el establecimiento de criterios comunes para la selección de los Grupos y para los programas de desarrollo comarcal que éstos deben presentar.
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