Una vez establecidas las repercusiones sociales y sobre el entorno de los modelos vigentes de explotación de los recursos hídricos y energéticos, nuestra sociedad se enfrenta a la materialización de actuaciones concretas e ineludibles encaminadas a alcanzar la sostenibilidad en todos y cada uno de sus procesos productivos.

Ejemplos de esto son la puesta en marcha del mecanismo de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero propuesto en el protocolo de Kyoto o la necesidad, ya asumida por los gobiernos y las empresas, de la adopción de medidas específicas que garanticen un suministro aceptable desde el punto de vista medioambiental de agua y energía y que, por otro lado, sea compatible con la demanda de crecimiento de los países en vías de desarrollo.