Este grupo de trabajo haquerido aprovechar la oportunidad para acometer el análisis de las experiencias de las empresas, Administración, asesores y público en los 4 años que llevamos ya de aplicación de la IPPC y abordar las tendencias que se esperan en el futuro. De su trabajo se han obtenido las siguientes conclusiones:

   1) Los datos manejados en el presente estudio, auguran una preocupante dificultad para cumplir con los plazos establecidos. Según estos datos, de 5035 instalaciones se han concedido unas 1000, estando otras 1000 en trámite. Esto supondría que unas 4000 solicitudes se deberían presentar antes de final de año, y deberían ser resueltas antes del 30 de octubre de 2007. Y este plazo es improrrogable, según se ha advertido desde la Comisión Europea.
   2) Asimismo, tras un estudio sobre dichas autorizaciones, el plazo medio estimado para la concesión de una AAI se sitúa en unos 15 meses desde su solicitud. Es otro dato preocupante que no hace más que abundar en la conclusión anterior.
   3) Como dificultad añadida, cabe estacar que en el proceso de concesión de las AAI se han identificado anomalías administrativas en las autorizaciones y permisos legalmente exigibles a las instalaciones, lo que además de un problema añadido, no deja de ser en esos casos una traba más para la culminación del proceso.
   4) Respecto a las dificultades para cumplir los plazos en la concesión de las autorizaciones, pueden destacarse las siguientes:
      • La insuficiente dotación de medios por parte de la Administración, para acometer el complejo procedimiento técnico y jurídico, y eso que hasta la fecha el número de tramitaciones ha sido escaso, como se ha señalado.
      • Baja calidad de los documentos técnicos aportados junto a las solicitudes, lo que dilata el plazo al requerirse información adicional.
      • La dificultad por parte de la propia Administración, para integrar y coordinar toda la información y los datos que provienen de distintas fuentes, lo que además dificulta la visión integral de los impactos, aspecto éste perseguido por la propia normativa IPPC.
      • En algunos casos, aún existen dudas sobre la aplicabilidad o no de IPPC a algunas actividades.
      • La disparidad en la consideración del medio receptor, por parte de las administraciones.
      • No se ha avanzado demasiado en el control (los esfuerzos han estado centrados en la Prevención).
   5) Por su parte, entre los principales argumentos esgrimidos por las Asociaciones Empresariales para justificar la demora se encuentran algunos muy parecidos a lo indicado:
      • La falta de criterios uniformes, de experiencias y de métodos de ayuda, así como problemas de coordinación entre las distintas administraciones implicadas.
Ejemplos: el carácter vinculante o no de los BREFs, o la consideración de la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre.
      • La falta de información o promoción sobre el proceso, por parte de la Administación.
      • La escasez de medios de la Administración para gestionar el proceso de otorgamiento de la AAI, la cual a su juicio dilata el proceso, hace incumplir plazos, y crea una situación de inseguridad jurídica.
      • Los costes estructurales y de administración de una AAI.
      • Estas dificultades, por si fuera poco, están retrasando la ejecución de proyectos industriales.
   6) A la vista de lo anterior, se concluye que todos los agentes que intervienen en el proceso, desde la Administración hasta las empresas, han de tener presente que si no queremos encontrarnos con un problema irresoluble, deben de poner todos lso medios para encontrar soluciones, incluida la búsqueda de nuevos procedimientos administrativos que agilicen dicho proceso.
   7) Respecto al registro de emisiones EPER, cabe destacar en positivo que España es el único Estado Miembro que ha recopilado y ha publicado informes EPER de forma anual. Indicar que en informe EPER 2004 figuraban 2168 instalaciones. Por último, las previsiones sitúan en 2009 la primera publicación del registro Europeo, el E-PRTR, el cual englobaría a los EPER de todos los países. La información a partir de 2007, sólo se hará ya directamente en el E-PRTR. Será un registro más completo (más contaminantes y más actividades).
   8) Sobre la aplicación de MTD, es preciso indicar que es necesario seguir avanzando, siendo éste uno de los puntos que requerirían mayor esfuerzo. En el trabajo realizado hasta ahora en este aspecto, cabe destacar a las Asociaciones empresariales afectadas, pudiendo citarse a modo de ejemplo la implicación de OFICEMEN, que ha propiciado acuerdos voluntarios en el sector con todas las CC.AA. desde finales de 2002 hasta mediados de 2005, impulsando la identificación de las MTD del sector, estimándose la inversión realizada hasta la fecha en cerca de 360 MM €. No obstante, es preciso indicar la necesidad de continuar en el esfuerzo para el establecimiento de las MTD, y a partir de éstas, los VLE.
Como ejemplo de alguno de estos esfuerzos, puede citarse la iniciativa por parte de la Junta de andalucía y el IAT (Instituto Andaluz de tecnología) que han propuesto conjuntamente una metodología para ello (“Panel experto”).
   9) Por último, respecto a la necesidad de homogenizar los procedimientos administrativos entre las CC.AA., indicar que la reciente preparación de un
Reglamento por parte del Ministerio de M.A. contribuirá a aproximar un poco más estos procedimientos. Dicho Reglamento persigue dos objetivos básicos:
      • Facilitar la tramitación de los expedientes AAI
      • Clarificar criterios de aplicación.
El Reglamento aborda las actividades afectadas y determina el nivel de afección, explicita la información a aportar durante el proceso y los plazos para ello, y define el alcance de las AAI a conceder y los plazos de consulta y/o intervención de los agentes implicados. Estará publicado a principios de 2007
   10) Además del seguimiento de todos lso aspectos administrativos, abordados en este Congreso, de cara al futuro será necesario abordar otros asuntos, ahora incipientes, pero que para el próximo CONAMA 9 estarán de rabiosa actualidad:
      • El desarrollo de los mecanismos de control. 
      • La extensión de las obligaciones IPPC a nuevos sectores y actividades.
      • El paso de EPER a E-PRTR.
      • La evaluación del avance de los esfuerzos por facilitar la participación pública.
      • La posible implicación de otras instituciones en el proceso AAI.