En la actualidad se hace necesario la proyección de incluir medidas de derecho tributario en la protección del medio ambiente dada su utilidad como instrumento económico. Desde este punto de partida, la mesa redonda hizo especial hincapié en la importancia de las corporaciones locales como abanderadas de la reforma fiscal verde bajo los criterios ambientales en el siglo XXI.

La fiscalidad ambiental genera un incentivo que redunda en la consecución de los estándares ambientales perseguidos. Los impuestos medioambientales han de recaer sobre actividades contaminantes y su cuantía debe estar en función del daño medioambiental realizado. Es, por tanto, un instrumento fundamental de la política ambiental, pues permite minimizar los costes económicos a la hora de alcanzar los objetivos medioambientales, a la vez que lleva a la práctica el principio de quien contamina, paga.

Sobre las nuevas políticas y tendencias de futuro en “fiscalidad verde” es de esperar que en nuestro país se superen las dificultades políticas y se pueda empezar a utilizar esta herramienta tal y como propone el proyecto de ley PGE 2007.

En lo referente a la fiscalidad en la gestión de residuos, existen una serie de factores que dificultan la introducción de elementos recaudatorios: requerimientos ambientales cada vez más elevados en el proceso; cierto rechazo social en la ubicación de las infraestructuras de gestión de residuos; aumento en la cantidad y variedad de los residuos a gestionar; aumento de la factura energética, y el rechazo social y político a la implantación de tributos.

La fiscalidad para la promoción de energías renovables parte de la premisa de que el modelo energético actual no es sostenible. El principal problema de este tipo de energías es su precio y su implantación exige una industria fotovoltaica desarrollada y, sobre todo, un marco administrativo y legal que fomente su uso.

Por último, la fiscalidad para la promoción del transporte sostenible debe estar dentro de una estrategia transversal que comprenda otras políticas puede ser una herramienta efectiva para la internalización de los costes externos necesaria para disponer de los recursos imprescindibles para un sistema de transporte más sostenible.