La contratación y compra pública con criterios de sostenibilidad se define como la elección de productos y servicios teniendo en cuenta aspectos que, además de los costes económicos, considera también los costes medioambientales.

En la actualidad, según se afirmó en esta mesa redonda, existe una situación favorable para trabajar con las distintas administraciones en la denominada compra pública “verde”. Una cuestión fundamental si se tiene en cuenta que el volumen de gasto de los organismos públicos en el ámbito europeo supone el 16% del consumo total de bienes.

En España, el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público se encuentra en fase de tramitación parlamentaria y proporcionará un marco jurídico más favorable para la inclusión de contratos de aspectos ambientales y sociales. Asimismo, la nueva norma jurídica abre la posibilidad a todo lo relativo al “comercio justo”.

Sin embargo, pese al optimismo con el que se pretende abordar esta cuestión en el futuro, no conviene olvidar algunos de los problemas para su implantación en la Administración. Primero porque la definición de sostenibilidad sigue pendiente de una normalización legal. En segundo lugar, existe la realidad de que en España el proceso de compra pública sostenible ha empezado tarde con respecto a sus países vecinos, lo que no debe ser una rémora para que en 2007 se cuente ya con un plan y unos objetivos marcados.

Ejemplos concretos desde distintas instituciones a la hora de aplicar estos criterios sostenibles fueron aportados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Pamplona. Dos son los problemas que planteó el gobierno andaluz a la hora de adecuar sus contrataciones a criterios de sostenibilidad: el desconocimiento de criterios a utilizar y el desconocimiento sobre las alternativas posibles en el mercado. El consistorio navarro ahondó en el papel ejemplificador de la administración pública y puso como ejemplo varias prácticas con material de oficina e impresoras.