La reciente aprobación de la Ley 27/2007, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente hace suponer que las Administraciones Ambientales están trabajando para asumir los múltiples retos que su cumplimiento exige.

La normativa europea y su transposición a la legislación nacional es ambiciosa y ya no es suficiente con almacenar y difundir Información Ambiental; ahora toca construir con ella auténtico conocimiento y ser capaz de ponerlo a disposición de la sociedad, de forma comprensible, para que sea el material sobre el que construir procesos de participación pública, y todo ello con un claro objetivo: avanzar hacia la sostenibilidad.

a gestión del conocimiento implica necesariamente saber cuáles son los procesos e intentar medirlos. Básicamente se trata de tener el mejor conocimiento relacionado con el desarrollo sostenible, que posteriormente se pueda utilizar como apoyo para decisiones informadas. De esta forma se puede apoyar a gestores, políticos y ciudadanos a tomar las decisiones mas adecuadas con el objetivo global del desarrollo sostenible. Para ello también es necesario disponer de los canales que aseguren que esta información llega verdaderamente al destinatario y se convierte en conocimiento.

En lo referente a las herramientas para pasar de la mera recopilación de datos a la creación de verdadero conocimiento, la jornada técnica presentó casos prácticos como los del Observatorio de la Sostenibilidad de España, la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

En cuanto a la comunicación de la información a los destinatarios, empresas, ONG y periodistas son el eslabón intermedio en la cadena de productores de información y los destinatarios finales (gestores o ciudadanos). Para los representantes de las empresas y las asociaciones ecologistas, la información no es un fin en sí misma, sino un medio, un recurso. Una reivindicación actual tiene que ver con una mayor coordinación entre administraciones, que dé como resultado procedimientos similares, mecanismos de acceso más sencillos e información comparable.