Aunque considera muy importante un marco normativo adecuado que constituya para el medio rural una mejora clara de las condiciones de vida de su población y el desarrollo de actividades viables, la consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente, dejó claro ayer en el Senado que el proyecto de ley de Desarrollo Rural, debatido y analizado en la Cámara Alta, «se aleja de lo que entendemos necesario para Castilla y León».

Una postura que justificó por entender que esta posible próxima ley no recoge una financiación clara y estable -en un principio parece que contaría con unos 112 millones de euros-. Carece de políticas orientadas a la modernización del medio rural y al aumento de la productividad y competividad, «aspectos sobre los que se sustentará la futura ley de desarrollo rural de Castilla y León», e incorpora medidas muy diversas relacionadas con la prestación de servicios olvidándose de la actividad productiva.

Se refería, en este último punto, a iniciativas dirigidas a la conservación de la naturaleza, empleo, infraestructuras, agua, comunicaciones, seguridad ciudadana, educación, cultura, sanidad o urbanismo, que tienen ya su propia regulación y están desarrolladas, recordó, por las comunidades autónomas en el uso que les confiere sus Estatutos.

La consejera, que apuntó al comienzo de su intervención que le hubiera gustado contar con tiempo suficiente para organizar una buena defensa de los intereses de Castilla y León en esta materia, destacó que le «sorprende la escasa importancia que se da en el contenido del proyecto de ley al sector agrario», al que se dedica «un solo artículo de los 40 con los que cuenta».

El proyecto promueve el mantenimiento de una actividad suficiente y compatible con el desarrollo sostenible del medio rural, pero «no se recoge en ningún momento el apoyo hacia una agricultura competitiva y viable», y señaló que, entre muchos otros factores, y junto a la ganadería, es «motor de la innovación tecnológica en cuanto a las prácticas productivas, uso de la energía y, por tanto, de un proceso de modernización, eje de un desarrollo productivo sostenible».

Criticó, además, la inclusión en el texto del concepto del profesional de la agricultura que sea titular de una explotación territorial como base para priorizar medidas públicas de distribución de derechos de pago único de la reserva nacional y para las ayudas específicas al desarrollo rural para el sector agrario.

Una figura que podrá ser «poco justa», ya que une, explicó, por una parte «la incidencia de la actividad agraria en la renta de ese titular, haciendo una clara apuesta por la agricultura a tiempo parcial, al rebajar del 50% al 25% el mínimo exigido», y por otra, y «como novedad, la dimensión económica de la explotación, máximo de 40 unidades de Dimensión Económica Europea».

«Nuestro apoyo a la actividad productiva moderna y más competitiva pasa por desechar ese concepto y sustituirlo por el de agricultores que obtienen la mayor parte de la renta de la actividad agraria», puntualizó.

Aunque la presentación por parte del Gobierno central de una ley para el desarrollo sostenible del medio «es loable y una buena oportunidad política para aprobar una norma respetando el marco competencial de cada una de las Administraciones», este proyecto de ley «no satisface nuestras necesidades para alcanzar una adecuada competitividad».

La Ley de Desarrollo Rural, recalcó Clemente, «no puede ser un compendio expositivo de servicios sectoriales en el medio rural», sino «un marco que impulse las actividades productivas y traslade a los habitantes la posibilidad de consolidar e incrementar un espacio de desarrollo económico y social». En concreto, advirtió que se necesita un instrumento ágil de planificación de las comunidades autónomas, coordinado íntegramente por ellas y financiado por el Estado.

«Visión de futuro»

Por todas estas razones, Castilla y León no apoya este proyecto, «y en consecuencia pedimos su revisión», ya que desde la Junta se «apuesta por una ley que permita desarrollar el medio rural con visión de futuro, respetando y aprovechando los recursos naturales, compatibilizándolo con un sector primario competitivo y adaptado a las condiciones que incorporen valor añadido».

La consejera señaló que la importancia del medio rural y su protagonismo como elemento que configura el territorio de Castilla y León «es incontestable». De los 94.000 kilómetros cuadrados de la región casi el 97% está identificado con el concepto de rural, y en él se asienta el 41% de la población, explicó ante la Cámara Alta, a la que transmitió la «prioridad política» del gobierno de la Junta con el desarrollo del medio rural, al que destinará 4000 millones de euros en los próximos 5 años.

A este respecto, también recordó que desde Castilla y León se ha reclamado la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo Rural, que complete la financiación europea del Feader.