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La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que el futuro Parque Nacional del Guadarrama (situado entre Madrid y Segovia) tendrá unas 40.000 hectáreas de máxima protección ambiental. Unas 5.000 hectáreas menos de lo que se había previsto inicialmente. Así lo dijo tras una reunión ayer por la tarde con la consejera de Medio Ambiente de Madrid, Beatriz Elorriaga, y la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz. El futuro parque no estará listo antes de que termine la presente legislatura. Habrá que fijar sus límites, reconoció la ministra. Eso sí, quiere que antes de 2011 estén iniciados los trámites para aprobar la declaración de parque nacional mediante una ley básica en el Congreso. La ministra confía en que "en los próximos meses" las tres administraciones implicadas (Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, y Ministerio de Medio Ambiente) estén "en condiciones de presentar una propuesta única" sobre el Guadarrama al Consejo de la Red de Parques Nacionales, el órgano estatal que los gestiona. Pero antes, estas tres administraciones tendrán que ponerse de acuerdo para determinar cuáles serán los límites del futuro parque nacional. Y sobre si permiten los usos tradicionales dentro de esta extensión. Medio Ambiente aprobó el pasado abril una normativa que restringe actividades como la caza, la pesca, la madera y otros aprovechamientos forestales en los parques nacionales. Y esto disgusta ahora a los gobiernos de Madrid y Castilla y León. Este argumento ha servido de excusa a Castilla y León para retrasar el proyecto de protección de las cumbres de Guadarrama que están en su territorio, y que estarán incluidas en el parque nacional. Ayer, la vicepresidenta del Gobierno regional de Castilla y León anunció que "dentro de un mes" comenzarían los trabajos para aprobar el citado proyecto (Plan de Ordenación de Recursos Naturales, PORN), que regula las zonas protegidas. Narbona deslizó que con la nueva Ley de Parques Nacionales, aprobada el pasado abril, se evitará que haya zonas urbanas en el área protegida. "Incluso se excluirán espacios urbanos que fueron incluidos en un principio", remachó, sin desvelar cuáles. Al Constitucional Madrid ya tiene aprobado el plan que recoge las áreas protegidas en territorio, reserva 100.000 hectáreas, pero ahora tiene que adaptarlo a la nueva normativa estatal sobre parques nacionales, aprobada hace cuatro meses. La consejera madrileña admitió que en la zona calificada, en su plan, como parque nacional (unas 34.000 hectáreas de lo que tiene reservado), no se admitirán desarrollos urbanos. No habrá ningún pueblo incluido en la zona de máxima protección. El resto, unas 65.000 hectáreas, tendrá otros grados de protección. Por otra parte, la ministra Narbona anunció que ya tiene preparado el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Modernización, aprobada por el Gobierno de Aguirre el pasado julio. "Sólo está pendiente de los informes técnicos", precisó. Esta norma despoja de autoridad a los 250 agentes forestales de la región. La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, también cargó contra esta norma. Y anunció que remitirá una carta al Defensor del Pueblo para que estudie la legalidad de la norma. Por su parte, la consejera Beatriz Elorriaga participó ayer por la mañana en la primera comisión de Medio Ambiente de la Asamblea celebrada en la presente legislatura. Allí desveló que durante la presente legislatura se concluirá Bosquesur, una gran zona boscosa (900 hectáreas) en el sur de la región. Se unirá al parque que pretende construir en el aeródromo de Cuatro Vientos (200 hectáreas).
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