Multas de hasta dos millones por destruir el hábitat de especies en peligro.
21/09/2007 - ABC.es

El Congreso dio ayer luz verde a la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que antepone la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y que viene a sustituir a la ley de 1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

 

Entre las novedades del nuevo texto frente a la normativa vigente, está la incorporación de la figura de áreas marinas protegidas y que por primera vez se protege el hábitat y no sólo determinados espacios y especies. Así, se recoge la catalogación y conservación de hábitat en peligro de desaparición, donde también se incluirán las áreas consideradas críticas para las especies en peligro de extinción que formen parte del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Este catálogo queda incluido a partir de ahora en un novedoso Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, que les dará la máxima protección.

 

También se recogen por primera vez las especies exóticas invasoras con la creación de un catálogo nacional. Las que ahí se incluyan, además de prohibirse su posesión, transporte, tráfico y comercio (también el exterior) de ejemplares vivos o muertos, deberán contar con una estrategia de control y de posible erradicación.

 

Este nuevo nivel de protección y las consiguientes prohibiciones llevan aparejadas unas sanciones, que van desde los 500 a 5.000 euros de las infracciones leves -por ejemplo, la perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias-; desde 5.001 euros a 200.000 para las infracciones graves, como puede ser la destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción, aunque si de esta acción se derivan daños superiores a los 100.000 euros, la infracción será considerada muy grave y la multa podría ser de 200.000 a 2 millones de euros.

 

Inventario anual

 

Pero lo primero que hay que hacer es conocer el estado de nuestro patrimonio natural. Por eso el Ministerio de Medio Ambiente elaborará, con la colaboración de las comunidades autónomas y de las instituciones y organizaciones de carácter científico, el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde se recogerá «la distribución, abundancia, estado de conservación y la utilización de dicho patrimonio natural». El Ministerio se compromete a actualizarlo cada año. Y para pasar de la teoría a la práctica es necesaria la puesta en marcha del Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, puesto que en él se establecerán «las acciones que promuevan la conservación».

 

Asimismo, la ley crea un fondo especial que actuará como instrumento de cofinanciación para asegurar la cohesión territorial. Este Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad tendrá en 2008 una dotación superior a los 48 millones de euros.

Sin embargo, el tema que centró el debate ayer en el hemiciclo fue el enfrentamiento entre interés público y propiedad privada, toda vez que la defensa de la enmienda a la totalidad, sin texto alternativo, que realizó la parlamentaria del grupo parlamentario popular María Teresa de Lara, se basó en que el texto supone un atentado a la propiedad privada, por entender que la declaración de un espacio natural protegido, al llevar aparejada la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios, deja indefensos a propietarios de terrenos que se encuentran dentro de la Red Natura 2000.

 

Un vistazo a los artículos de la ley que abordan estas cuestiones permite comprobar que los espacios de la Red Natura 2000 no se consideran espacios naturales protegidos (que se clasifican en parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos), sino una figura aparte de interés comunitario. Por lo tanto, no se verían afectados, además de que la facultad de expropiación y el derecho de tanteo por parte de las autonomías «es una facultad que siempre ha existido», como señaló la ministra de Medio Ambiente.