El fenómeno es claramente visible desde la autovía A-7 entre Málaga capital y Nerja. Los montes de la parte baja de la Axarquía, aparecen moteados por un sarampión de casas blancas que avanza año tras año al abrigo de uno de los climas más suaves de la Costa del Sol y de unas estupendas vistas sobre el Mediterráneo. Este nuevo paisaje, bautizado con el nombre técnico de diseminado, descansa en gran medida sobre cimientos ilegales. Muchas de las casas se levantan sobre antiguos terrenos agrícolas cuyos propietarios vieron más rentable el cultivo del ladrillo que el respeto al planeamiento urbanístico que impedía construir sobre las fincas. Una vez saturada la franja litoral, la Axarquía y el Valle del Guadalhorce se han convertido "con diferencia" en las comarcas malagueñas donde más delitos contra la ordenación del territorio se producen, según Fernando Bentabol, uno de los fiscales de Medio Ambiente de Málaga. En lo que va de año, la Fiscalía ha abierto "cerca de 1.000 diligencias informativas" por delitos urbanísticos, un ritmo que ya cuadriplica las 243 diligencias abiertas en todo el año 2006. Bentabol comparte a grandes rasgos el informe emitido por su colega de Cádiz, sobre la falta de compromiso, cuando no connivencia, de los ayuntamientos ante el problema del urbanismo ilegal. "En la provincia de Málaga apenas tres o cuatro de los cien ayuntamientos se han tomado el problema realmente en serio", afirma. En esta ilustre nómina cita a Vélez-Málaga, cuya Gerencia de Urbanismo presentó 48 denuncias en 2006 y a Málaga, que interpuso 25. Las críticas se extienden a la administración autonómica que, según el fiscal, "es el órgano que menos impulso tiene en esta materia". "La Junta tal vez tenga otras prioridades de inspección; el caso es que la mayoría de las denuncias nos llegan por la Guardia Civil". Corrupción urbanística Bentabol considera "muy difícil" probar que detrás de los delitos urbanísticos existen pagos de los promotores a políticos y funcionarios. Sin embargo, tiene claro que "desde el momento en que un alcalde da una licencia favorable para construir en suelo no urbanizable se está hablando de corrupción urbanística".
Otro punto de coincidencia entre Bentabol y su colega Núñez es la necesidad de que los tribunales penales impongan la pena de derribo sobre las viviendas y construcciones ilegales y observa una "falta de conciencia" por parte de los jueces. "En el ámbito penal sólo se han ordenado 10 derribos este año. Los ayuntamientos acaban legalizando las obras porque obtienen ingresos legales a través de los impuestos". Muchas de las casas ilegales van a parar a manos de compradores extranjeros. En 2006, la Fiscalía de Málaga tramitó 66 denuncias contra Ayuntamientos y 20 contra alcaldes de todos los partidos políticos andaluces. Uno de los casos más graves se dio en Tolox, donde se han paralizado 2.000 viviendas ilegales en torno a 17 urbanizaciones. El nuevo alcalde de Benalmádena, Javier Carnero (PSOE), mantuvo que el informe de la Fiscalía pone en evidencia lo que ocurre en la Costa del Sol. Según Carnero, la situación urbanística de Benalmádena "está encauzándose de forma acelerada". "Los promotores que intentan venir lo hacen de una manera completamente distinta. Eso corre como la pólvora y me llena de orgullo que sepan que hay seguridad jurídica", explica. El antiguo equipo de Gobierno, encabezado por Enrique Bolín tiene al menos 80 procedimientos abiertos por irregularidades urbanísticas durante la última legislatura. Este periódico intentó sin éxito hablar ayer con los alcaldes de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), y Manilva, Antonia Muñoz (IU).
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