CIUDAD REAL. Desde que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) fuera impulsado en 2003 por el entonces Gobierno central del PP y el actual Ejecutivo socialista empezara una nueva redacción un año más tarde, el documento -dirigido a reordenar el uso del agua en la cuenca alta del río (acuíferos 23 y 24)- ha sido objeto de enfrentamientos y controversias entre los colectivos de agricultores y regantes, las organizaciones ecologistas y los partidos políticos de Castilla-La Mancha y, por ende, de la provincia de Ciudad Real.

La decisión del Consejo del Agua de Cuenca del Guadiana el 26 de junio de aplazar una semana su aprobación con el fin de que «sea analizado más a fondo por los componentes de este órgano» ha provocado las críticas ya vertidas públicamente de quienes se oponen al plan, como es el sector de regantes que ve «inseguridad» en su gestión y contenido.

Por el contrario, otros colectivos más cercanos a la aprobación del documento como los ecologistas mostraron «su sorpresa» por la decisión de posponer la reunión del Consejo del Agua de la Cuenca para hoy lunes en Ciudad Real, donde está previsto que sea aprobado como último requisito antes de ser autorizado definitivamente por el Consejo de Ministros.
Tiempo para el estudio

La Confederación Hidrográfica del Guadiana explicó que en el último encuentro celebrado en Badajoz se hizo un repaso del proceso de redacción del plan y de su contenido, si bien algunos miembros del órgano pidieron más tiempo para estudiarlo a tenor de la extensión y la complejidad del documento que cuenta con mil folios.

El diputado regional socialista por Ciudad Real, Antonio Salinas, defendió esta semana el PEAG dado que, a su juicio, las medidas que contempla «serán eficaces» para resolver las necesidades hídricas de la provincia y para garantizar el consumo humano y el desarrollo socioeconómico de la zona norte de la provincia.

Más de 5.500 millones

En concreto, el Plan Especial del Alto Guadiana, que cuenta con una dotación presupuestaria de 5.530 millones de euros, recoge la compra de terrenos y derechos de agua, su control y gestión, además de acciones de educación ambiental y de apoyo a las comunidades de regantes. En el apartado agrícola, se prevén ayudas al mantenimiento racional del regadío, para la transformación en secano, acciones para mejorar el abastecimiento y el saneamiento y para la regeneración medioambiental.

Pero la organización Asaja es la más beligerante contra el plan y junto con los representantes de las comunidades de regantes han denunciado reiteradamente que no recoja las necesidades de los regantes del Acuífero 23, además de reivindicaciones como una mayor flexibilidad de la Ley de Aguas, una reordenación de derechos privados, la posibilidad compra-venta o cesiones entre particulares, y el uso de las dotaciones de agua sin que éstas estén ligadas a la superficie.

En este sentido, el parlamentario socialista alegó que el plan ha venido a cambiar el «modelo privado del uso del agua por otro de carácter concesional», por lo que, según aseguró Salinas, «será beneficioso» y permitirá la recuperación medioambiental de la zona, dado que el documento también incorpora un plan de forestación de la zona por un importe de 1.210 millones.

El secretario provincial de Asaja, Florencio Rodríguez, se situó en las antípodas de esta consideración ya que, según declaró, el documento impulsado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) dilapidará el regadío en la provincia de Ciudad Real, lo que «perjudicará claramente a la renta de los agricultores que registrarán una pérdidas de unos 2.000 millones de euros».

«Criminzaliza al agricultor»

Desde el PP, la presidenta provincial, Rosa Romero, exigió hace unas semanas un «plan realista» que afronte la recarga del acuífero 23 y solucione «la lamentable situación de las Tablas de Daimiel y de los pozos irregulares». Romero cree que el PEAG «es malo» porque criminaliza y sanciona a los agricultores» que es un colectivo «esencial» en la economía de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real, y pidió la revocación de la derogación del PHN, «una herramienta eficaz», según Romero, que contemplaba «inversiones en infraestructuras para la mejor distribución del agua en la región, así como programaba un trasvase desde el Ebro al Levante».

Por último, los ecologistas que a nivel provincial han defendido el plan en el seno del Consejo del Agua, denunciaron hace unos días la amenaza de desertificación que supondrá el plan. En concreto, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena centraron su actividad del «Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía» en el PEAG, «por ser un paradigma de cómo las Administraciones pueden diseñar una política que llevará a desertificar un área rica en humedales de importancia Internacional».