El vicepresidente Anxo Quintana anunció ayer la interposición de un conflicto de competencias contra el decreto impulsado por el Ministerio de Industria al entender que invade el ámbito decisorio de Galicia. El presidente Touriño había mostrado su deseo de resolver el problema en la vía administrativa para no librar un pulso con los socialistas en Madrid, pero el Gobierno central rechazó el requerimiento de incompetencia que había presentado la Xunta. Fracasada esta alternativa, la pata nacionalista del bipartito lidera ahora el papel que tanto incomoda a sus socios en San Caetano: enfrentarse abiertamente a la Moncloa.

Quintana recordó ayer que son los gallegos los que deben decidir lo que se hace en sus costas y sostuvo que tanto el artículo 27 del Estatuto como el 149.1 de la Constitución dan a esta autonomía el poder para autorizar las instalaciones de generación eléctrica. En la Xunta, tanto nacionalistas como socialistas quieren el poder de veto sobre la instalación de aerogeneradores en el mar porque consideran que la orografía de la costa (elevada profundidad) y su riqueza natural contraindican el desarrollo de estas infraestructuras. «Hai cousas que non se poden decidir a 1.000 kilómetros: o señor Zapatero está nunha perspectiva recentralizadora preocupante», argumentó Quintana.

Vicepresidencia apela también a motivos turísticos para oponerse a estos parques, que han tenido un gran desarrollo en Dinamarca o el Reino Unido. Y recuerda que el Parlamento gallego, por unanimidad de todos los grupos, se pronunció en contra de un proyecto promovido por Gamesa y Norvento en Carnota. El ministerio, por su parte, se muestra firme sobre la validez jurídica del decreto. «Esas instalaciones son para el mar territorial, que es competencia nuestra; y además se trata de parques de más de 50 megavatios: la normativa en vigor deja bien claro que estas instalaciones las autoriza Madrid porque la ley del sector eléctrico obliga a vender esa energía en el mercado», explicaron ayer desde el departamento de Joan Clos. El nuevo decreto permite a las autonomías afectadas por estos parques presentar alegaciones, pero no les reconoce la capacidad de veto.