A 500 metros de la ciudad de Huelva, en la marisma del Tinto, se acumulan 70 millones de toneladas de fosfoyesos (un subproducto de la fabricación de fertilizantes y con una radiación 15 veces superior a la normal). La empresa Fertiberia ha vertido allí sus desechos con un permiso de 1968, pero en una sentencia notificada ayer, la Audiencia Nacional declara caducada esa concesión, ya que vulnera la Ley de Costas. Fertiberia recurrirá, pero los ecologistas pedirán que retire los residuos.

Las rocas de fosfato que utiliza Fertiberia para fabricar fertilizantes contienen trazas de uranio: son unas 40 veces más radiactivas que el suelo normal. En Huelva, Fertiberia trata ese fosfato para obtener ácido fosfórico como fertilizante. En el proceso surgen los fosfoyesos, un residuo que incluye todos los materiales radiactivos.

En condiciones normales, deshacerse de esos materiales sería un problema, pero no en este caso. Fertiberia obtuvo en 1968 la concesión para ocupar 99 años las marismas con tres metros de residuo para luego recubrirlo. La empresa consideró que eso le permitía acumular hasta 30 metros en sucesivas capas de tres metros, algo que la Audiencia Nacional considera ahora ilógico.

En 1988 apareció la Ley de Costas, que impide ocupar la primera línea de litoral salvo para actividades que no puedan ir en otro sitio (un faro o un puerto), pero Fertiberia siguió virtiendo en el dominio público. En noviembre de 2003, el Ministerio de Medio Ambiente anuló la concesión, no sólo porque la ley ya impedía ocupar el dominio público como vertedero, sino porque la empresa había superado con creces las condiciones que el Gobierno franquista le impuso en 1968.

La empresa recurrió la orden de Medio Ambiente a la Audiencia Nacional, que, en una sentencia notificada el miércoles, da la razón al Ministerio de Medio Ambiente y a la organización ecologista WWF-Adena y da por extinguida la concesión. La sentencia destaca "la pasividad" de Fertiberia para cumplir con su obligación. En 29 años, la empresa ha llenado 1.200 hectáreas en alturas de hasta 30 metros con 70 millones de toneladas de fosfoyesos.

Aunque Greenpeace denuncia que en las balsas ha medido dosis 20 veces superiores a las permitidas, un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) concluyó que la dosis para un trabajador rondaría los 0,5 milisievert al año (como una radiografía de tórax y la mitad de lo permitido). El mismo estudio concluyó que en la ciudad de Huelva el impacto de los fosfoyesos es despreciable.

La sentencia no entra en la radiactividad, sólo en lo tocante a la Ley de Costas: concluye que esos residuos no pueden estar allí y resalta "el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de los poderes públicos de protegerlo".

Lo que ocurra ahora es difícilmente predecible. Retirar los 70 millones de residuos es prácticamente imposible, ya que supondría siete millones de viajes en camión, sin contar con que encontrar un destino será altamente complicado. Fertiberia anuncia que recurrirá al Supremo en casación y que planea restaurar la zona. La sentencia sí supone una losa para que la empresa siga virtiendo allí los fosfoyesos.